‘Vicario merece cárcel, no inhabilitación’

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Tras de ser inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “negligencia administrativa” en su desempeño como delegado de la Sedatu en 2013, Héctor Vicario Castrejón, diputado local priísta por el Distrito XXIII, con sede en Huitzuco, “debería ser encarcelado, no solo inhabilitado”, opinan diversos usuarios de redes sociales donde se dio mayor impulso a la difusión de esta noticia.

Y aunque el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso ya ha informado que impugnará la resolución de la SFP, porque la amonestación administrativa no está relacionada con ningún acto ilícito o de corrupción, el jurista Miguel Ángel Gutiérrez Salazar, quien cuenta con doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisa que de acuerdo a las fracciones I y XV de la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público, la “negligencia administrativa” está constituída como un “un indicio de enriquecimiento injustificado o corrupción”.

En un artículo escrito para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el especialista señala que cuando la SFP emite resoluciones realizadas por los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), es señal de que las violaciones son indicios de conductas infractoras que ameritan sanciones graves y de atención generalizada por parte de APF.

La “negligencia administrativa” en que incurrió el exdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, no es otra cosa que una omisión grave en la presentación de la declaración patrimonial de su gestión, acción que –posiblemente– el Órgano de Control Interno de la SFP pudo clasificar, según resolución 0061/2017, fechada el 9 de agosto pasado, como un “indicio de enriquecimiento injustificado o corrupción”, es decir, que se detectaron actos ilícitos en el manejo de los fondos federales destinados a la delegación estatal de la Sedatu para la reconstrucción de Guerrero.

Al respecto, aunque Vicario Castrejón se presume inocente e insiste en que impugnará dicho decreto que, de ser inapelable, podría mantenerlo alejado del servicio público hasta el año 2027, en redes sociales se subyara que “políticos como Vicario no deberían ser inhabilitados, sino encarcelados”, para evitar que sigan defraudando y cometiendo actos de corrupción, como lo ha hecho Héctor Vicario a lo largo de su carrera política, bajo el cobijo y protección de Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero señalado como autor intelectual de la histórica “Masacre de Aguas Blancas”, el 28 de junio de 1995, donde Vicario Castrejón también fue involucrado como el “maletero” de Figueroa que trató de desvirtuar los hechos a punta de “billetes”, como coinciden Daniel Lomelí y Miguel Ángel Zepeda en sus cuentas de Facebook, entre otros usuarios de dicha red social que destacaron por sus comentarios en torno a la inhabilitación del diputado local figueroísta, a quien exhortan, “por ética, moral, dignidad o vergüenza”, a “renunciar”, en lugar de andar diciendo que va apelar la resolución de la SFP y que es “inocente”.

CRONOLOGÍA

En su entrega informativa del jueves 17, la agencia Irza informó textualmente que “la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por diez años al diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y en ese tiempo no podrá ocupar cargos públicos, luego de que se le habrían comprobado irregularidades administrativas cuando se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Guerrero”.

Al respecto, “el legislador priista aseguró que la sanción es (solo) preventiva”, y anunció que “en los próximos 15 días presentará 21 elementos de prueba para deslindarse de las presuntas irregularidades que le imputan”.

Y aunque el resolutivo de la SFP no cita detalles, las hipótesis apuntan a que Vicario podría haber “incurrido en presuntas irregularidades durante los trabajos de reconstrucción, a cargo de la Sedatu, de los daños que causaron los fenómenos hidrometeorológicos “Ingrid” y “Manuel” en septiembre del 2013, en territorio guerrerense”, añade Irza.

Los hechos de la amonestación evocan a los tiempos en que Héctor Vicario fungió como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, de cuya dependencia federal era titular Jorge Carlos Ramírez Marín.

En ese lapso, “por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Sedatu compró predios, licitó y contrató a las empresas que participaron en la reconstrucción y reubicación de viviendas afectadas en diferentes municipios del estado”.

Empero, “en 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la cuenta pública del gobierno federal por la compra de predios por montos superiores a su valor original para la reubicación de familias damnificadas”.

“De acuerdo con la información que difundió el órgano federal de fiscalización –añade Irza–, la dependencia compró terrenos en El Mirador, en Chilpancingo, y predios para La Nueva Pintada, en Atoyac de Álvarez, región Costa Grande”.

Posteriormente, “el 10 de agosto, un día después de la inhabilitación aprobada en contra de Vicario Castrejón, el actual delegado de la Sedatu en Guerrero, José Armenta Tello, anunció que demandaría penalmente a 12 empresas que contrató la dependencia en 2013 para la reconstrucción de viviendas destruidas por Ingrid y Manuel, fenómenos atmosféricos que sacudieron Guerrero los días 13 y 14 de septiembre de 2013.

“Armenta dijo en entrevista que esas 12 denuncias corresponden a 20 contratos de obra incumplidos, las cuales se sumarían a las ocho que presentaron a principios del 2016 en contra de igual número de empresas”. Y complementó que “las empresas –todas foráneas– abandonaron las obras, realizaron trabajos de mala calidad y cobraron conceptos que no realizaron, como en el fraccionamiento El Mirador, en Chilpancingo, en donde deben demolerse al menos 32 viviendas porque están mal construidas”, muchas de las cuales no fueron habitadas y pretendieron entregarse a otras personas que, por dignidad, tampoco las aceptaron, como algunos futbolistas del equipo “Avispones” de Chilpancingo, que el 26 de marzo de 2016 encararon a Vicario Castrejón y censuraron su falta de calidad moral al pretender entregarles viviendas de pésima calidad que ni los damnificados de Ingrid y Manuel quisieron aceptar.

Redacción Efecto Espejo CHILPANCINGO, Gro. 18 de agosto de 2017.

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