Guerrero: al poder, los caciques de siempre

Guerrero: al poder, los caciques de siempre

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Sostiene reunión Angel Aguirre Rivero con Diputados.

En la reciente elección Guerrero vivió el llamado “efecto López Obrador” y Morena se impuso como primera fuerza en el estado. Sin embargo, el grueso de los nuevos legisladores y presidentes municipales, sobre todo los del PRI y el PRD, pertenecen a la misma clase política que provocó el descontento y permitió que la delincuencia organizada se adueñara de extensos territorios. 

CHILPANCINGO, Gro.- El efecto López Obrador en Guerrero reconfiguró el escenario político con Morena como la primera fuerza, pero quedaron intactas la estructura criminal que controla extensas regiones del estado y la presencia de grupos de autodefensa.

El lunes 9, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores admitió públicamente que la histórica derrota del PRI en la entidad y el país está relacionada con la mala imagen y la ausencia de resultados de las administraciones estatal y federal, que se han caracterizado por sus escándalos de corrupción, frivolidad y su ineficacia ante la ola de violencia.

Por eso Astudillo dijo confiar en que López Obrador implante medidas para resolver la inseguridad en Guerrero. Es necesario recordar que el mandatario, quien durante su campaña prometió “orden y paz”, se declaró incompetente para esa tarea y depositó su responsabilidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2016.

Sin embargo, los 46 diputados locales de la próxima legislatura (la LII) y los 80 alcaldes electos pertenecen a la misma clase política estatal, plagada de compadres y caciques que heredaron puestos a esposas e hijos. Algunos incluso han sido señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Candidatos de todos los partidos tuvieron que pactar con líderes regionales del narco y con los jefes de sus células armadas para que los dejaran “transitar, realizar campaña y ganar las elecciones” a cambio de “otorgarles cargos”, sobre todo en administraciones municipales, así como beneficiarlos con “obra pública o contratos”, informan a Proceso varios políticos que pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias.

Esto muestra el contexto de impunidad y violencia extrema en que se desarrolló aquí el reciente proceso electoral, durante el cual una treintena de políticos fueron ejecutados y al menos 41 candidatos requirieron protección oficial, por lo que se les asignó un centenar de policías estatales habilitados irregularmente como escoltas.

En un informe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado se revela también que al menos 514 aspirantes renunciaron a sus candidaturas a causa de las presiones o por efecto de la narcoviolencia; además, 450 fueron sustituidos por intereses de su partido. El documento indica que 8 mil 847 candidatos se registraron para contender por los 80 ayuntamientos y 28 distritos locales, de los cuales 4 mil 488 fueron mujeres y 4 mil 359 hombres.

El mapa delincuencial

De 2015 a la fecha, durante la administración de Astudillo se han documentado en Guerrero más de 6 mil homicidios dolosos, un número indeterminado de desaparecidos y más de 3 mil desplazados de la zona amapolera de la Sierra, donde bandas de narcos se disputan el control de la franja minera y la producción de heroína.

En las siete regiones de la entidad operan 18 organizaciones delictivas. Controlan extensos territorios en 40 de los 81 municipios mediante 20 grupos armados “­vinculados con el narco” –dicen las fuentes consultadas– autodenominados “policías comunitarias” y “grupos de autodefensa expandidos”.

Por EZEQUIEL FLORES CONTRERAS, 21 Julio2018

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