Congreso de Guerrero destina más de 17 mdp anuales a medios de...

Congreso de Guerrero destina más de 17 mdp anuales a medios de comunicación

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Congreso de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro.- Los diputados de la LXI legislatura local que preside el diputado priísta Héctor Vicario Castrejón ha destinado más de 17 millones de pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios” a medios de comunicación sin criterios transparentes de la asignación de estos recursos públicos.

De acuerdo a información oficial, la dirección de comunicación social del Congreso que dirige Jaime García Moreno maneja de manera discrecional y en total opacidad, tres listados donde contempla “convenios” con 117 empresas y particulares por un monto de un millón 303 mil 980 pesos ; así como el “pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos y “apoyo” a un centenar de reporteros por 110 mil pesos.

Esta cantidad destinada a reporteros y empresas de medios suma la cantidad de un millón 483 mil 980 mensuales y solo se indica que forma parte del “ fondo 23”, administrado por la jefa del departamento de contabilidad del Congreso, Imelda Pérez Pantaleón, quien depende del subsecretario de servicios financieros y administrativos Vicente Figueroa Alanis, indican los reportes consultados.

En la extensa lista de beneficiarios que se maneja de forma discrecional y no se encuentra disponible en el portal de transparencia, a pesar de que se trata de información pública de oficio como marca la ley, se encuentran funcionarios estatales y municipales que cobran como servidores públicos y por “brindar servicios” publicitarios a la LXI legislatura local.

Así como reporteros que cobran a nombre de empresas y a título personal, incluso esposas y familiares directos.

Los montos de los “convenios” con empresas de medios, así como “pagos” a columnistas y “apoyos” a reporteros es variable y no se especifica un criterio o justificación en la asignación del gasto millonario en medios.

Por ejemplo, la empresa radiofónica Capital Máxima aparece con un convenio de 34 mil 800; al locutor de la misma estación, Federico Sariñaña Valdez le pagan 10 mil 600 y el reportero del mismo medio, Fernando Hernández Ramos recibe mil 500 pesos de “apoyo” mensual.

Destaca también el caso de Fidel Pinzón López que recibe 2 mil 500 pesos mensuales de “apoyo” en el Congreso y actualmente se desempeña como funcionario en el área que dirige el vocero de Seguridad del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia.

Así como el caso del actual director de Cultura del ayuntamiento porteño, Julio Zenón Flores Salgado, quien tiene un convenio de publicidad con el Congreso por un monto de 5 mil 800 pesos mensuales por brindar servicios de publicidad, a través de su página virtual denominada Trasfondo Político.

En noviembre de 2017, Apro informó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores gasta en promedio 300 millones de pesos mensuales para difundir publicidad oficial en medios de comunicación y entregar “apoyos económicos” a comunicadores, entre ellos Joaquín López Dóriga, Adela Micha y una legión de conductores, columnistas, editores, reporteros y fotógrafos.

El millonario gasto anual por concepto de publicidad oficial del gobierno de Astudillo Flores y el Congreso estatal en medios de comunicación, (un promedio de 320 millones de pesos), contrasta con el reducido presupuesto contemplado para el próximo año para el sector social, educativo, de salud y vivienda.

El proyecto de presupuesto 2018, enviado a finales del mes pasado por el Ejecutivo al Congreso local, plantea solo nueve millones para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), y 55 millones para el Hospital del niño y la madre indígena.

Desde 2015, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que existe en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.

En el informe denominado “Libertad de expresión en venta”, las ONG consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.

Por EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

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