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Las cifras de la supuesta baja de delitos son mentira, le refutan al Presidente desde Guerrero

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Son datos manipulados para aparentar que han funcionado las estrategias y las instituciones de seguridad, asegura el director de Tlachinollan, Abel Barrera. La información de las organizaciones y el recuento de los medios indican que los delitos van a la alza, señala. La percepción de los ciudadanos es otra, sostiene el director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez.

En su Sexto Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto afirma que el robo en general cayó 27.6 por ciento, a transeúntes 59.1, el de vehículos 15; a casa habitación 16.8 y a negocios 6.6.

Peña Nieto también informó que se apoyó el programa Guerrero Seguro, “a través de la orientación, focalización y articulación de acciones en materia de prevención”, principalmente en el municipio de Acapulco.

Chilpancingo/Ciudad de México, 4 de septiembre.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, declararon que son irreales las cifras que dio a conocer el Presidente Enrique Peña Nieto en su Sexto Informe de Gobierno, respecto a la disminución hasta de un 26.4 por ciento de los delitos en Guerrero en este año.

Barrera Hernández dijo que son cifras “maquilladas”, mientras que Velázquez Florencio expresó que la realidad que se vive en la entidad es otra y que la información del presidente es “irreal”.

En su informe que entregó el sábado al Congreso de la Unión, el presidente Peña Nieto consignó que su gobierno apoyó el Operativo Guerrero Seguro y que como resultado, la incidencia delictiva de la entidad en este 2018 “disminuyó 26.4 por ciento en relación con el mismo periodo anterior”. Asimismo asentó que el delito de robo en general cayó 27.6 por ciento, el robo a transeúnte 59.1 por ciento, el robo de vehículo 15 por ciento; el robo a casa habitación 16.8 por ciento y el robo a negocio 6.6 por ciento.

Consultado al respecto, el director de Tlachinollan, Barrera Hernández, dijo que desde hace tiempo el Inegi manejó datos que no están apegados a la realidad, “aquí hay información local, tanto de medios periodísticos como de organizaciones de derechos humanos que hemos estado documentando que la delincuencia está a la alza”, dijo.

Por ejemplo agregó que los asesinatos que se cometen son más de tres diarios en el estado, “entonces los datos del informe del Presidente no están apegados a la realidad y es lamentable que esté manejando desde su propia investidura datos que en lugar de ayudar de ver con más objetividad el problema de la violencia en el estado, se manipule un problema que al rato se dará como por hecho que está funcionando la estrategia de seguridad y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad”, dijo.

Denunció que el presidente está “torciendo” un problema que es crucial para los guerrerenses y que puede mandar un mal mensaje, al decir que estamos bien y que la estrategia está bien y que, por tanto, hay que mantenerse en esa línea.

Expresó que las cifras que dio el presidente están trabajadas, maquilladas y con ello no quiere apuntalar una situación de crisis de derechos humanos y de seguridad.

Por su parte el director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez, dijo que “una cosa son los informes y otra la realidad que se viven en el estado las víctimas que se acercan a nuestro Centro”.

Consideró que el informe es lamentable porque la percepción y la realidad que tienen los ciudadanos por lo que pasa en el estado con la violencia es diferente a la información que se presenta en estos informes.

Dijo que no sabe de dónde sacan los datos para las estadísticas, “pero si es como el Gobernador Héctor Astudillo quien dijo en la televisión que había disminuido la violencia de 7 a 6.5 cuando en realidad la disminución no se experimenta realmente en la paz pública o en la disminución real porque la violencia va más allá del hecho delictivo, y tiene que ver con lo que la produjo y las secuelas que deja y así cambien las estadísticas, la violencia sigue presente en la sociedad”, explicó.

Los dos representantes de organismos de derechos humanos fueron consultados en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, antes de que los integrantes del Mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa presentaran su informe relacionado con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de esa Normal.

LOS DATOS DEL INFORME

En el rubro: “Principales resultados alcanzados por la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD) 2013-2018”, el Presidente Peña Nieto informó que se apoyó el programa Guerrero Seguro, “a través de la orientación, focalización y articulación de acciones en materia de prevención”, principalmente en el municipio de Acapulco.

Asimismo, destaca la realización de una Feria Integral de Prevención Social y cinco Ferias del Empleo, la instalación de cuatro comedores comunitarios, la recuperación de seis espacios públicos, la implementación del Programa de Empleo Temporal (PET), la aplicación de casi 7 mil tamizajes para detección de consumo de sustancias; lo anterior, aseguró, en beneficio de alrededor de 342 mil personas.

Estableció que con la finalidad de prevenir la comisión de delitos, disuadir y combatir la delincuencia organizada, se efectuaron las siguientes acciones: se detuvo a 697 personas como presuntos responsables por la comisión de delitos del fuero común y a 119 por delitos del fuero federal; así como a un integrante de una organización delictiva.

Peña Nieto destacó que, igualmente, se aseguraron 616 vehículos vinculados con algún delito, 65 armas largas y 87 cortas; una granada, 15 mil 818 cartuchos útiles, 186 cargadores, 4 millones, 541 mil 697 pesos y se recuperaron 654 vehículos reportados por robo.

También asentó que se aseguraron 901.1 kilogramos de marihuana, 7.7 kilogramos de cocaína, 120.7 kilogramos de otras drogas, como goma de opio, piedra, semilla de amapola, semilla de marihuana; además, se erradicaron 1 mil 1 plantíos de amapola y dos de marihuana.

Aseguró que con estas acciones “la incidencia delictiva de la entidad disminuyó 26.4 por ciento” en relación con el mismo periodo anterior y que el delito de robo cayó 27.6 por ciento, “destacándose el robo a transeúnte 59.1 por ciento, el robo de vehículo en un 15 por ciento, el robo de casa habitación un 16.8 por ciento y el robo a negocio en un 6.6 por ciento.

En el rubro: “Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación”, en el apartado denominado “Patrullajes de instalaciones estratégicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, 2016-2018”, se destacó en el informe que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevó a cabo en Guerrero 22 operaciones coordinadas, en coadyuvancia con autoridades civiles, en Guerrero y en 13 estados más: Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, y que, asimismo, implementó 12 operaciones regionales en diversos estados del país, “donde los índices de violencia no permiten que la población realice sus actividades diarias en un ambiente de paz y tranquilidad”, entre ellos Guerrero.

Aseguró, también, que en Guerrero, lo mismo que en Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Michoacán, se realizaron operaciones de erradicación intensiva de enervantes, “logrando destruir 18 mil 294 hectáreas de marihuana y 105 mil 504 de amapola”.

También informó que en estas entidades se localizaron y destruyeron 33 mil 784 plantíos ilícitos y 418 pistas de aterrizaje clandestinas, “a través del análisis de imágenes satelitales en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora”.

Asimismo, en el apartado denominado: “Fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional”, mencionó que la Sedena participó en 13 reuniones centrales, con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y 47 reuniones con representantes de las instancias estatales de Guerrero, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Veracruz, “materializando el intercambio de información para conocer la actuación de organizaciones sociales detractoras”, pero en este rubro no dio mayores detalles de los resultados obtenidos.

En otro de los apartados de su informe, el denominado: “Avances de la estrategia nacional para la armonización estatal a la Ley General de Víctimas, y en la armonización de las legislaciones locales con la Ley General de Víctimas”, informó que el gobierno federal instaló 20 comisiones de atención a víctimas, una de ellas en Guerrero.

En su informe, el Presidente Peña Nieto mencionó en el apartado: “Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo”, que en Guerrero se resolvieron cuatro conflictos agrarios, en las zonas na savi, me’phaa, amuzga y nahua, pero no abundó en mayores detalles al respecto. En Guerrero, según cifras oficiales, hay por lo menos 45 conflictos agrarios latentes, de ellos, unos 15 son considerados como “focos rojos” por el riesgo de violencia latente.

 

Por Zacarías Cervantes

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