Habitantes de la sierra guerrerense: entre el narcotráfico y la marginación

Habitantes de la sierra guerrerense: entre el narcotráfico y la marginación

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Los estragos de la violencia en la sierra de Guerrero. Foto: Ezequiel Flores

CHILPANCINGO, Gro.- El gobierno de Héctor Astudillo Flores hizo caso omiso a los pobladores de la sierra de la entidad, quienes desde hace más de un año pidieron ayuda y la intervención de autoridades para revertir los efectos de la violencia que ha dejado una estela de muerte, terror y el desplazamiento forzado de personas.

De esta forma, la sociedad en la principal zona productora de heroína en el país, donde abundan recursos naturales estratégicos como agua, bosque y minerales, fue abandonada por el Estado y los grupos delictivos se disputan a sangre y fuego esta región privilegiada donde abunda la pobreza y marginación.

Ayer, unas mil 600 personas abandonaron al menos cinco comunidades del municipio de Leonardo Bravo y se refugiaron en la cabecera, Chichihualco tras la irrupción violenta de un grupo de autodefensa procedente de Tlacotepec, señalado por el gobierno estatal de ser el brazo armado de la banda de Onésimo El Necho Marquina y los Guerreros Unidos, que dejó un saldo de siete muertos en el poblado de Filo de Caballos y Carrizal de Bravo.

Al respecto, el líder visible de la autodefensa de Tlacotepec, Humberto Moreno anunció ayer que se van a quedar en Filo de Caballos para confrontar al grupo denominado Cártel del Sur con el propósito de “pacificar” el corredor Casa Verde – Tlacotepec ante la inacción gubernamental.

En contraste, el mandatario Astudillo decidió realizar un acto faraónico en la ciudad turística de Taxco en el contexto de su tercer informe de labores, donde se limitó a decir que la inseguridad es un problema que “le quita el sueño”.

No obstante, una veintena de grupos de civiles armados vinculados por el gobierno con la delincuencia asumieron funciones de seguridad y mantienen el control de regiones completas en la Sierra, la Montaña, Tierra Caliente, la Costa Grande, Costa Chica y las principales ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Chilapa.

El antecedente

En octubre pasado, Proceso publicó el reportaje titulado “Sierra de Guerrero: la amapola a la baja, la violencia al alza” donde se documentó paso a paso la tragedia en esta zona emblemática en la geografía del narco en el país que este fin de semana reventó ante la omisión gubernamental.

En ese momento, se informó que en un contexto en el que los enfrentamientos entre los grupos criminales por dominar la producción de goma de opio y controlar la franja minera que conecta a la Sierra con la región Costa Grande han provocado una crisis –los servicios educativos, salud y transporte están suspendidos desde hace tres meses en esa zona de Guerrero–, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, consideró que la propuesta de legalizar el uso medicinal de la amapola podría revertir la violencia en la entidad.

Mientras tanto, los pobladores de la región de la Sierra piden la ayuda del gobierno y advierten que la caída en el precio de la goma de opio –por la introducción de precursores químicos como el fentanilo– ha terminado con un negocio que “en los ochenta y noventa fue redituable”.

Desde esa década la región amapolera se la disputa el crimen organizado para controlar la producción y trasiego de heroína, así como para dominar las áreas de explotación minera y forestal.

Dos grupos armados pelean por el control de las empresas mineras de Carrizalillo, al igual que la principal zona de producción y trasiego de heroína en el tramo Tlacotepec-Chichihualco, de acuerdo con el mapa geodelictivo elaborado por el gobierno estatal y dado a conocer en junio.

Por un lado, están los sicarios al servicio de Onésimo El Necho Marquina Chapa, cabeza de la policía comunitaria de Tlacotepec; por el otro, el Cártel del Sur, que dirige Isaac El Señor de la INavarrete Celis, afincado en Chichihualco.

Sobre este conflicto que azota esa zona de Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa, declaró a la prensa en septiembre pasado que fracasaron sus intentos por pacificar la franja de la Sierra porque “los señores de Tlacotepec y de Chichihualco” decidieron romper la “frágil tregua” y reanudaron los enfrentamientos armados.

El prelado advirtió en esa ocasión que en caso de que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se limite a implementar un operativo policiaco-militar, el conflicto en la Sierra no parará, sino que podría incrementarse.

Desde hace tres meses, durante una concentración pública en la plaza central de Tlacotepec, el líder de la guardia comunitaria local, Humberto Moreno Catalán, le exigió a Astudillo que atienda los problemas que se viven en la Sierra.

Indicó que desde entonces los pobladores de Tlacotepec no pueden transitar libremente en el corredor que conecta la región Centro con la Sierra, desde Xochipala hasta Filo de Caballos, donde, afirmó, el narco impide también el paso de víveres, combustibles, transporte público, así como la presencia de médicos, docentes y servicios básicos para subsistir.

Por ello, el líder comunitario de Tlacotepec emplazó al mandatario estatal a garantizar la seguridad en esta zona, donde la situación, dijo, es “insoportable”.

Moreno Catalán dijo: “Le vuelvo a decir con mucho respeto a Héctor Astudillo Flores: Tú me conoces perfectamente y no me voy a esconder. Tú sabes quién soy y no me andes poniendo paleros; ni le hables a mi hijo ni le hables a mi primo hermano Mario Moreno. Yo soy de una sola pieza y por mi pueblo, si es necesario, doy mi vida con todo gusto”.

Humberto Moreno es primo de los hermanos Mario y Ricardo Moreno Arcos. El primero es secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Astudillo; el segundo fue diputado local del PRI en la pasada Legislatura.

Los tres son familiares de José Carlos La Calentura Moreno Flores, quien fue personero de Joaquín El Chapo Guzmán, de acuerdo con el mapa geodelictivo del gobierno estatal.

A finales de septiembre Proceso efectuó un recorrido por una franja carretera de más de 50 kilómetros entre Xochipala y Corralitos, donde se constató la situación que afecta a la población más vulnerable, atrapada en medio de un conflicto armado.

En ese entonces, en la comunidad de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, se realizó una asamblea popular en la cual los pobladores exigieron a los gobiernos federal y estatal que restablezcan la seguridad en esta zona de la Sierra, porque las comunidades se están convirtiendo en pueblos fantasma. Los caminos se encuentran desolados y la ausencia de servicios médicos y educativos impacta a las personas más vulnerables: niños, mujeres y adultos mayores.

Los pobladores narraron al reportero que las incontables balaceras los tienen aterrados. Muchos han decidido abandonar sus hogares para evitar ser víctimas fatales de la violencia; los que permanecen formaron grupos de autodefensa.

“El gobernador Héctor Astudillo dice que el problema es la disputa de la amapola, aunque eso era antes, cuando la gente vivía de la venta de la goma (de opio), pero ya ni eso vale y no sé por qué pelean”, expresó la señora Alma Delia durante la asamblea en Los Morros.

Añadió: “Queremos seguridad y vivir en paz porque los pueblos se están quedando solos. Tenemos escuelas y hospitales, pero no hay médicos, enfermeras ni maestros. Los niños no tienen clases y los que estamos enfermos tenemos que buscar la forma de salir a curarnos en Chilpancingo, pero en el camino también te asaltan”.

En la misma reunión, un amapolero expresó: “De 40 mil pesos que valía un kilo de goma hace un par de años, ahora los acaparadores pagan cuatro mil pesos por la misma cantidad.”

Corralitos –comunidad atacada hace unos meses y en la que fue ejecutado un líder de la guardia comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero– está convertida en un pueblo fantasma. Es en esta zona donde los grupos armados de Chichihualco y Tlacotepec libran cruentos enfrentamientos en los bosques y las calles de las precarias comunidades.

De las 30 familias que había sólo quedan seis; la mayoría decidió escapar de la violencia. Las personas que se quedaron son sobre todo adultos mayores, quienes se dedican a tratar de vender frutas de temporada para sobrevivir. En este lugar los únicos que transitan por el camino principal donde se cosecha la goma de opio son soldados, policías y sicarios.

“Nos estamos muriendo y el gobierno no hace nada para calmar las cosas y evitar las balaceras y muerte de personas”, dice un hombre mayor.

Incluso los pobladores recuerdan que el 4 de octubre se cumplió un año del comienzo del enfrentamiento entre los grupos armados de Chichihualco y Tlacotepec, pero indican que ahora no se entiende el motivo de la pelea, pues ya no es tan redituable como antes sembrar amapola y cosechar su goma para la elaboración de heroína.

La violencia se desbordó en la Sierra donde los grupos en conflicto advierten que los enfrentamientos van a continuar.

Por EZEQUIEL FLORES CONTRERAS,

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