Aprueban ley para que ningún funcionario estatal gane más que AMLO

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Con esta medida se busca acabar el derroche y la opacidad en el manejo del recurso destinado a los salarios de los funcionarios.

 

Guerrero.- Por mayoría, el pleno del Congreso local aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2019, para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República, 108 mil pesos mensuales, una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa fue presentada hace 14 días por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, con la cual se busca acabar el derroche y la opacidad en el manejo del recurso destinado a los salarios de los funcionarios.

En la primera sesión de esta tarde la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo presentó el dictamen ante el pleno como primera lectura. En la segunda sesión se presentó ante el pleno y fue aprobado por mayoría.

La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la república.

No se autorizará a ningún servidor público, la contratación con cargo al erario, de seguros privados de separación individualizada o colectiva, gastos médicos o de vida. Los extitulares del Ejecutivo Estatal únicamente tendrán acceso al seguro de retiro, despido por edad avanzada y vejez que otorga la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, cuando se cumplan con los requisitos previstos en la misma. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, lo mismo se hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil, cuyos costos sean cubiertos con recursos del estado o de los municipios. Así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio estatal o municipal.

A partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. A partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes.

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que estas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.

No se autorizará a ningún servidor público, la contratación con cargo al erario, de seguros privados de separación individualizada o colectiva, gastos médicos o de vida.

También, queda prohibida la adquisición de boletos de avión para viajes en servicio de clase ejecutiva, primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. Sólo se autorizarán, por ente público los viajes oficiales nacionales e internacionales que resulten estrictamente necesarios.

Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad.

Destaca que se limitará la contratación de personal por honorarios, la cual no podrá resultar superior al 10 por ciento del gasto destinado al personal de estructura de los entes públicos y ésta deberá estar plenamente documentada y justificada ante el órgano encargado del control interno que corresponda.

No se realizarán contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado, o las cajas de ahorro especiales. Por ningún motivo se autorizará remuneración diversa a la contenida en los tabuladores salariales aprobados, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

Los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o que pertenezcan al sector en el que se hayan desempeñado, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.

Queda prohibido el ejercicio de los cabilderos en el proceso legislativo que ofrezca, implique o prometa cualquier beneficio, dádiva, pago en efectivo o especie, al legislador, familiar hasta cuarto grado o círculo cercano, que comprometa la actuación de los legisladores directa o indirectamente; así también, las prerrogativas y las subvenciones de los grupos parlamentarios deberán reducirse a lo mínimo indispensable.

Se advierte que los funcionarios que no cumplan con dicha Ley, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública estatal o municipal aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso.

La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero fue aprobada por mayoría con 41 votos a favor y uno en contra, de la diputada del PRD, Dimna Guadalupe Salgado Apátiga quien argumentó que era inconstitucional.

Por Luis Jijón León, 30 Noviembre 2018

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