Astudillo y su plan para desactivar a las guardias comunitarias en Guerrero

Astudillo y su plan para desactivar a las guardias comunitarias en Guerrero

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Policías comunitarios en Guerrero. Foto: Germán Canseco

CHILPANCINGO, Gro.- Al tiempo que José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, prosigue su impugnación contra Nestora Salgado García, impulsada al Senado por Morena, y las funciones de seguridad que asumió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), en el Congreso local se mantiene congelada desde el año pasado una iniciativa enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, misma que plantea el desarme de las guardias comunitarias de la región indígena de la Montaña y Costa Chica, así como los grupos de autodefensa que han sido vinculados por el mandatario priista con el narco y que operan en zonas urbanas de la entidad.

Apro informó ayer que Meade emitió tres mensajes en su cuenta de Twitter donde retó al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a que revise la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que compruebe las acusaciones contra Nestora Salgado y acusó a la policía comunitaria de Olinalá de violar “los derechos de las menores a la integridad, al trato digno, a la libertad sexual y a vivir una vida libre de violencia”.

 

No obstante, la recomendación 9/2016 de la CNDH, emitida el 3 de marzo de 2016, por el caso de Nestora Salgado, líder de un grupo de autodefensa adherido a la CRAC en la región de la Montaña y quien fue detenida en agosto de 2013 y acusada de secuestro, determinó que las violaciones a derechos humanos, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el sistema comunitario de justicia, “fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos”.

Además, señaló el organismo, “no existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena, lo que obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, y propicia abusos de las mismas autoridades comunitarias contra las personas sujetas a la jurisdicción indígena”.

 

El ombudsman concluyó que el derecho a la autonomía y autodeterminación indígenas “no es absoluto y tiene sus límites” en la no contravención de Constitución federal y el pleno respeto a los derechos humanos.

Presión de la CNDH

Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Guerrero presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

Así como considerar la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, “mediante consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del sistema comunitario de justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”, indica la resolución.

Por ello, el 24 de abril de 2017, Astudillo envió al Congreso local una iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución local, relacionado con el título segundo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que pretende desconocer las acciones de seguridad, prevención del delito y reglamentos internos que implementan actualmente las guardias comunitarias.

La reforma constitucional enviada por el mandatario estatal en abril de 2017 plantea desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.

De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no sólo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña.

También contrarrestar el efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron alentados, armados y equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y actualmente siguen proliferando en las siete regiones.

El argumento jurídico de la iniciativa de Astudillo para desarmar a las guardias comunitarias es señalar que las leyes locales que amparan a los grupos de autodefensa se contraponen con las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNP), que entró en vigor el año pasado a nivel nacional, indica la última reforma del instrumento jurídico publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2016, refiere el documento oficial consultado por Apro.

El documento destaca que el Ejecutivo decidió reformar la Constitución local, luego de que el 3 de marzo de 2016, la CNDH emitió la recomendación 9/2016 por el caso de la detención de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá, Nestora Salgado García, donde se comprobó que las autoridades estatales y federales violaron los derechos humanos de los guardias comunitarios de la misma forma como ellos (comunitarios) lo hicieron al retener de manera ilegal a presuntos delincuentes.

Iniciativa en la “congeladora”

La iniciativa de Astudillo para el desarme de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa fue remitida al Congreso en abril pasado y actualmente se mantiene congelada en la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza el diputado local priista Cuauhtémoc Salado Romero.

Desde el año pasado, Astudillo admitió públicamente que las guardias comunitarias que operan en las siete regiones de la entidad están infiltradas por el narco.

Ello, después de que se dio a conocer públicamente un informe del gobierno federal donde se indica que algunos grupos de autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco”, entre ellos señala a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco y las regiones de Costa Chica, Centro y la Sierra–, La Tecampanera de Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla, Paz y Justicia de Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan y las guardias comunitarias que tienen presencia en la franja minera del río Mezcala.

Al respecto, el mandatario reconoció que los grupos de autodefensa que operan en las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente, zona Norte y la Sierra “sólo pelean territorios para imponer su hegemonía, no defienden a la población y lo que procede será enfrentarlos”, advirtió.

Por ello, dijo que los grupos de autodefensa vinculados con el narco no deben existir, y defendió la permanencia de las organizaciones armadas que se ajustan a la ley estatal 701, sobre el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, como en el caso de la CRAC-PC.

No obstante, la iniciativa de decreto que envió al Congreso pretende desarmar tanto a la CRAC-PC, así como al resto de los grupos de autodefensa.

Por EZEQUIEL FLORES CONTRERAS, 05

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