Policías comunitarias denuncian campaña de represión del gobierno de Astudillo

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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Guerrero, encabezado por el priista Héctor Astudillo, continúa la “campaña de represión y criminalización para desmantelar las policías comunitarias, estrategia que a la fecha ha dejado un saldo de cinco muertos, tres presos políticos y más de 70 órdenes de aprehensión”, denunciaron integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

En conferencia de prensa, afirmaron que desde 2013 las policías mixtecas de Tixtla y Zitlaltepec han sufrido atentados y amenazas con el fin de generar miedo y desintegrarlas.

Uno de los hechos más graves, refirieron, fue la detención de Gonzalo Molina González el 6 de noviembre de 2013, a quien le imputaron ocho delitos –terrorismo entre ellos–, aunque sólo lo sentenciaron a cuatro años y 100 días de prisión por portación de arma de fuego.

Sus familiares Pedro Juárez y Pablo Molina también fueron detenidos y a la fecha siguen presos en un penal de Chilpancingo.

Los denunciantes dijeron que el clima de hostigamiento se ha incrementado en el último año, luego de que Tomás “N”, un elemento policial, fue detenido y su cuerpo encontrado, con signos de tortura, en las escalinatas de la Fiscalía local el lunes pasado.

Los policías de la CRAC-PC mencionaron que estas dos casas de justicia son las que más han apoyado a los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos desparecidos en 2014, además de los que más resistencia han mostrado a la instalación de mineras canadienses en las tierras mixtecas.

También son de las pocas agrupaciones que no han aceptado la propuesta estatal de formalizarse, pues “somos autónomos e independientes”, detallaron.

Los policías comunitarios de Guerrero hicieron un llamado a que se respete y reconozca su labor, pues consideraron que “es un derecho al que tenemos como comunidades originarias”, fundamentado en el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Luchamos por nuestra seguridad, esa que no llega hasta nuestras comunidades”, sostuvieron.

A la fecha, subrayaron, el saldo de la represión es de cinco comunitarios asesinados, tres presos políticos y seis procesados.

POR ARELI VILLALOBOS PROCESO, 7 SEPTIEMBRE, 2017

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