Meade propone declaración de bienes más dura pero, durante 17 años, él...

Meade propone declaración de bienes más dura pero, durante 17 años, él la hizo pública a medias

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José Antonio Meade Kuribreña, quien fue Secretario de Estado en cinco ocasiones, se abstuvo siempre de hacer público su patrimonio por completo. Sus declaraciones patrimoniales estuvieron cerradas ante los ciudadanos durante los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. A partir del peñanietismo las hizo públicas, pero sólo de manera parcial. Hoy presentó su programa para abatir la corrupción que incluye “la fiscalización patrimonial” obligatoria y dijo: “Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.

Hasta hoy, los servidores públicos están obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a presentar ante la Secretaría de la Función Pública su declaración patrimonial y de intereses. La dependencia las cuelga en Declaranet plus. Pero si el funcionario no quiere, los bienes, valores y posibles conflictos de interés no aparecen.

Ciudad de México, 24 de enero.– En sus 17 años de servicio público, José Antonio Meade Kuribreña publicó ante los ciudadanos sólo una parte de su fortuna. Quien fuera Secretario de Estado en cinco ocasiones dio a conocer declaraciones patrimoniales completamente cerradas en las que sólo aparecía su Currículum, mientras perteneció a los Gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). A a partir de 2012, al iniciarse el Peñanietismo, las hizo públicas, pero de manera “parcial”.

Al principio, de 2000 a 2012, cuando ingresó al servicio público fue muy discreto y sólo permitió que se publicara su currículum escolar y laboral. Si se siguen los datos abiertos del suspirante tricolor, no puede saberse si acumuló riqueza en ese periodo que abarca poco más de una década.

A partir de 2012, cuando se iniciaba el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, declaró que poseía un terreno, una construcción y un auto, además de varias cuentas bancarias. Tenía también un préstamo personal que pidió en octubre de 2011 y finiquitó en 2014.

Lo que jamás dijo ante los ciudadanos fue cuánto valían sus posesiones.

Hoy, en un acto en el que estuvo acompañado por los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión, así como por los dirigentes de la coalición “Todos por México” que lo desea postular, Meade Kuribreña dio a conocer su propuesta para combatir la corrupción que incluye hacer obligatoria la certificación patrimonial, un concepto contable que implica auditar la capacidad del funcionario para adquirir posesiones, así como el origen de sus fondos.

Y más tarde, de gira por Morelia, Michoacán, planteó: “No es suficiente que presentemos la 3de3, no es suficiente saber que se presentó la declaración de impuestos. Lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros públicos de la propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar.

“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”, dijo este martes José Antonio Meade. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

LA PROPUESTA DE MEADE

Al candidato le bastó menos de un minuto para presentar su propuesta para amainar el mal de la corrupción que según todos los cálculos le cuesta a México 10 por ciento de su Producto Interno Bruto.

En su discurso de hoy por la mañana asentó: “Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.

El suspirante no abundó en lo que significa la certificación patrimonial y cómo se realizaría. Hizo hincapié en que “los fiscales especializados” en el combate a la corrupción tendrán facultades para “ejercer la extinción de dominio” de manera ágil, equilibrada y justa.

Además de la obligación de la certificación patrimonial, la propuesta del precandidato incluye estos otros dos puntos: Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres, así como aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos.

Horas después de que Meade Kuribreña presentó su propuesta, los diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reclamaron en Twitter la autoría de la iniciativa.

“La iniciativa #Anticorrupción presentada por @JoseAMeadeK es un plagio, con punto(s) y comas, de la iniciativa presentada por nuestra bancada en enero del año pasado y que @DiputadosPRI se han negado a aprobar (en) esta legislatura: @rocionahle”, fue su publicación.

INFORMACIÓN PARCIAL

Hasta hoy, los servidores públicos están obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración patrimonial y de intereses; pero no tienen ningún deber establecido para hacerla pública ante los ciudadanos. Ello impide que cualquier interesado pueda darse cuenta de la evolución de las fortunas de los burócratas.

La SFP, cuyo encargo legal es la vigilancia del buen desempeño de quienes ocupan puestos en el Gobierno, coloca la declaración en el portal Declaranet plus para que cualquier interesado la pueda consultar. Se publica tal cual desea el funcionario. Es decir, si no quiere que los ciudadanos se enteren de cuántas casas o cuánto dinero tiene, estos bienes simplemente no aparecen. Otro dato que pueden guardarse los integrantes del Gobierno es el valor de sus posesiones.

Meade Kuribreña, el precandidato priista, fue coordinador de asesores del entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens (2006-2008) y luego Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda que ocupaba Ernesto Cordero (2008-2010), subsecretario de Hacienda y Crédito Público (2010-2011), Secretario de Energía (unos meses de 2011) y Secretario de Hacienda (2011-2012). Todas las declaraciones patrimoniales bajo su nombre cuando ocupó esos cargos indican: “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

Mientras perteneció al Gabinete de Enrique Peña Nieto, cuando ocupó las Secretarías de Relaciones Exteriores (2012-2015), la de Desarrollo Social (2015-2016), así como la de Hacienda y Crédito Público (2016-2017), la decisión de Meade Kuribreña siempre fue que en su declaración aparecieran sus propiedades muebles e inmuebles, así como sus inversiones, pero ningún valor ni ningún monto. En otras palabras, ninguna cantidad que brindara una idea de cuánto posee en dinero. Siempre, en esos años, Meade suscribió la leyenda: “Sí estoy de acuerdo en hacer públicos parcialmente mis datos patrimoniales”.

LO QUE MEADE SE GUARDABA

Mientras integró el Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade jamás hizo públicos los valores de sus bienes que –según sus declaraciones-  eran un terreno, una construcción y un auto, ni los montos de sus varias cuentas bancarias, como tampoco de cuánto fue el préstamo personal que pidió en octubre de 2011 y finiquitó en 2014.

Después de 12 años en los que gobernaron gobiernos emanados del PAN, en 2012, el Revolucionario Institucional recuperó el poder presidencial. Enrique Peña Nieto fue investido como Jefe del Ejecutivo el 1 de diciembre de ese año. Dos días después nombró a su equipo de trabajo. En la baraja de nombres, José Antonio Meade Kuribreña era el único funcionario que había trabajado con la Administración antecesora. Político sobreviviente del enroque, se convirtió en Secretario de Relaciones Exteriores.

Fue a partir de entonces cuando empezó a admitir que sus bienes se dieran a conocer ante los ciudadanos. Cuando en enero de 2013 presentó su declaración “inicial” en la Cancillería publicó por primera vez que era dueño de un terreno de 254 metros cuadrados que adquirió el 1 de noviembre de 2012, así como un coche Honda FIT modelo 2007, del que se hizo el 13 de febrero de 2007.

En 2012, José Antonio Meade Kuribreña no tenía casa propia, pero sí esculturas y cuadros que compró al contado en 2008 y 2009.

En mayo del mismo año, dijo ante los ciudadanos en su declaración

patrimonial que había iniciado el ahorro en su seguro de separación individualizado, que tenía una cuenta bancaria, cuatro tarjetas de crédito y un préstamo personal que había adquirido en 2011. ¿De cuánto era todo eso? No es posible saberlo sólo con los datos abiertos de Meade.

El 27 de noviembre pasado, José Antonio Meade presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda a Enrique Peña Nieto para pasar a ser precandidato presidencial por el PRI. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

MEADE Y LA FORTUNA

En 2014, el ahora precandidato priista declaró que en el terreno que compró al principio de la Administración de Enrique Peña Nieto, había construido 145 metros cuadrados. Un año después, en agosto, fue nombrado Secretario de Desarrollo Social y su cargo en la Cancillería lo ocupó Claudia Ruiz Massieu.

Hasta ese momento de su carrera, su fortuna se integraba por una construcción, un terreno, un coche 2007 y obras de arte. Los valores de todo ello continuaban como una incógnita ante los gobernados.

En 2016, tras la visita de Donald Trump a México, Luis Videgaray Caso, quien era Secretario de Hacienda y Crédito Público presentó su renuncia (fue el costo por asesorar al Presidente de recibir al que aún era candidato) y fue sustituido por Meade Kuribreña. Ese año, el suspirante presidencial vendió su Honda FIT 2007. Le pagaron al contado. En agosto adquirió también al contado otro Honda FIT, modelo 2017.

POR QUÉ PUDO MEADE NO HACER PÚBLICOS SUS VALORES

En 2016, varias organizaciones no gubernamentales cuya causa es el combate a la corrupción promovieron en el Congreso de la Unión la denominada “Ley 3de3″ que pretendía obligar a todos los funcionarios públicos a publicar su declaración fiscal patrimonial y de intereses. Esta propuesta era parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tenía la finalidad que los ciudadanos conocieran de cabo a rabo lo que tiene un funcionario público.

Después de una campaña de difusión de meses, las organizaciones recabaron 634 mil firmas para que la Ley fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de ese año, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimoniales y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.

Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.

Por Linaloe R. Flores, enero 2018

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