Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, resuelven dos jueces

Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, resuelven dos jueces

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(Foto: Archivo Cuartoscuro y Canal Judicial)

El juez Fernando Silva García concedió amparo a la penalista Bárbara Zamora; la jueza Karla Macías lo otorgó en Guanajuato a defensores de derechos.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García resolvió que la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre del año pasado, es “inconstitucional”.

Al resolver una demanda de amparo presentada por la penalista Bárbara Zamora, del bufete “Tierra y Libertad”, el juez Silva García consideró que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.

Por su parte la Jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió el amparo a una organización de personas defensoras de los derechos humanos. En su resolución indicó que algunos de los artículos son violatorios a los derechos humanos, pues la afectación que genera la ley no sólo impacta a los quejosos sino a toda la población.

Explicó que a los quejosos su actividad “los vuelve susceptibles al escrutinio del poder estatal, con motivo de las labores de promoción y protección de derechos humanos; máxime que su línea de acción versa sobre derechos políticos y temas relacionados con democracia y ciudadanía”.

En su sentencia, el juez Silva García resolvió que “la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz”.

Dice también la sentencia:

La intervención de las autoridades militares en tiempos de paz implica la medida excepcional de solicitar al instituto armado que participe en tareas distintas a aquella loable labor para la cual fue creado y por ende que se introduzca un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado.

Resulta inconstitucional el sistema normativo previsto en la Ley de Seguridad Interior reclamada –en cuanto incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relacionadas con la seguridad interior en tiempos de paz particularmente, los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, por transgredir las condiciones de validez previstas en la jurisprudencia de la SCJN que establecen los parámetros de actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, derivadas de la interpretación de los artículos 29, 89 y 129 de la Constitución Federal, y que garantizan la seguridad jurídica en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual debe concederse el amparo federal solicitado por la parte
quejosa.

La sentencia ambién señala que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.

En su cuenta de Facebook, la abogada Zamora López consideró la resolución del juez Silva García como una “victoria de la justicia sobre la arbitrariedad”.

La Ley de Seguridad Interior originó críticas de organizaciones internacionales y de la sociedad civil mexicana y motivó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Entre las críticas más severas figuran las que formuló en una carta la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien señaló 14 puntos, entre ellos la “ambigüedad de conceptos”, la “violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.

Así mismo, el Alto Comisionado subrayó la “ausencia de controles”, la “ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones”, la “indebida regulación del uso de la fuerza”, la “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, además de las “afectaciones a la protesta social” y la “ausencia de transparencia”.

 

AN, 12 Mayo  2018

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