Meade, Carstens, Gil Díaz, Cordero…. los artífices de los fallidos bonos para...

Meade, Carstens, Gil Díaz, Cordero…. los artífices de los fallidos bonos para desastres

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Meade y Carstens en Palacio Nacional en 2017. Foto: Octavio Góme

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de tecnócratas que controla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde hace casi dos décadas fue el que ideó y aplicó los llamados bonos de riesgo catastrófico, en los que México perdió más de 35 millones de dólares del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en los últimos 12 años.

Quienes integran este grupo –José Antonio Meade, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio González Anaya, entre otros– son fervientes promotores del neoliberalismo; se formaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) –excepto González Anaya–, así como en renombradas universidades estadunidenses.

 

Estos personajes, que los medios financieros retratan como la élite económica del país, se obstinaron en emitir bono tras bono desde 2006, pese a que durante los primeros nueve años el gobierno pagó alrededor de 140 millones de dólares del Fonden a inversionistas e intermediarios, sin recuperar un peso.

De Babatz a González Anaya

 

La idea del bono nació en 2002. Guillermo Babatz, entonces director de la Unidad de Seguros y Pensiones en la SHCP, la presentó como una manera innovadora de garantizar dinero “fresco” y “rápido” para cubrir los costos de los desastres naturales más devastadores sin afectar las finanzas públicas, según consta en el documento “Memoria 2006-2012”, de la SHCP.

Babatz laboraba en Hacienda desde 1989. Es egresado del ITAM, donde recibió las enseñanzas de Gil Díaz –secretario del ramo durante el sexenio de Fox y considerado uno de los líderes del grupo de neoliberales los Chicago Boys en México–, y posgraduado por la Universidad de Harvard.

La idea del bono continuó su camino hasta 2005, cuando González Anaya –sucesor de Babatz en la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones y actual secretario de Hacienda– aplicó una serie de medidas para concretarla.

En una primera maniobra, el funcionario cambió las reglas del Fonden: permitió que sus recursos se invirtieran en instrumentos financieros. Con ello, la Hacienda prácticamente tomó el control de los recursos destinados a los desastres naturales.

“El objetivo final” de este cambio, explicó la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2013, “es que el presupuesto del Fonden sea destinado en su mayoría para cubrir las primas de los bonos catastróficos y otros instrumentos de transferencia de riesgos creados y retener únicamente una pequeña suma para desastres naturales más recurrentes y menos destructivos”.

En paralelo, la dependencia pidió al Banco Mundial que diseñara el bono catastrófico para colocarlo en los mercados internacionales, y decidió que el instrumento se emitiría desde un paraíso fiscal. Con ello, el gobierno garantizaba a los especuladores que no pagarían impuestos al cobrar las primas.

La SHCP, entonces en manos de Gil Díaz, incorporó, a través de un intermediario, la sociedad CatMex Ltd en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Y finalmente, González Anaya convocó una licitación internacional para administrar la sociedad de papel y encontrar inversionistas.

Swiss Re, una de las reaseguradoras más grandes del mundo, ganó el contrato, por un monto de 30 millones de dólares, según un documento del Banco Mundial consultado durante esta investigación.

Es así como, en octubre de 2006, México se convirtió en el primer país en emitir un bono catastrófico en los mercados internacionales, el cual generaría dinero en caso de que un terremoto de magnitud superior a 7.5 grados azotara las costas de Jalisco, Colima o Nayarit, así como partes de Michoacán, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guanajuato.

En los siguientes tres años, sin embargo, no ocurrió ningún terremoto con la magnitud necesaria para que el gobierno recibiera dinero; en cambio, la SHCP entregó a los inversionistas unos 30 millones de dólares en primas, todos provenientes del Fonden.

El grupo de Carstens

El 1 de diciembre de 2006, primer día de su administración, Felipe Calderón nombró titular de Hacienda a Agustín Carstens, economista egresado del ITAM y de la Universidad de Chicago y quien fungía entonces como subdirector gerente en el Fondo Monetario Internacional.

Carstens se rodeó de personajes clave: para la Subsecretaría de Hacienda trajo a Alejandro Werner Wainfeld, egresado del ITAM y del Tecnológico de Massachusetts; colocó como jefe de oficina a José Antonio Meade, también itamita y egresado de Yale, y encargó a González Anaya la coordinación de su grupo de asesores.

Aun cuando el bono catastrófico emitido en 2006 no se activó para resarcir los daños de los desastres ocurridos en el país durante los siguientes tres años, el grupo de Carstens en Hacienda buscó la forma para lanzar una segunda versión, que resultó más cara pues incluiría a los huracanes y los terremotos.

Para ello, el economista trajo al frente de la Unidad de Seguros y Pensiones de Hacienda a Lorenza Martínez Trigueros, exdirectora de Estudios Económicos en el Banco de México y entonces profesora-investigadora en el ITAM –del que egresó–; además estaba casada entonces con Guillermo Babatz, el primer arquitecto del bono.

Según el documento “Memoria 2006-2012”, Martínez formó un grupo de trabajo para llevar a cabo su encargo. Nombró a Salvador Pérez Maldonado director de Análisis de Riesgo de la unidad y contrató al Banco Mundial como “asesor técnico”.

En entrevista, Pérez Maldonado explica que contratar al Banco Mundial permitía a la SHCP, entre otras cosas, volver a contratar a Swiss Re sin pasar por un nuevo un proceso de licitación.

No sólo eso: Werner autorizó que también se contratara a Goldman Sachs como colocador del bono, ya que su hermano, Martín Werner, fungía como director general de ese banco en México y encargado de inversiones para América Latina.

“Ahí hubo una decisión un poco política, porque estaba Martín Werner en Goldman Sachs; entonces estaba Alejandro Werner acá y, pues, así se ve bonito,” dice Pérez Maldonado.

Con todo y un proceso de adjudicación marcado por supuestos conflictos de interés, México emitió su segundo bono el 15 de octubre de 2009, con una vigencia de tres años.

Durante este lapso ocurrieron varios desastres naturales devastadores y costosos, pero que no alcanzaron las magnitudes requeridas para detonar el bono, por lo que Hacienda –entonces a cargo de Ernesto Cordero– entregó 110 millones de dólares del Fonden a los inversionistas.

Para octubre de 2012 los bonos habían costado por lo menos 140 millones de dólares a México y no le habían redituado ni un centavo. Aun así, Meade, recién nombrado titular de Hacienda, emitió un tercer bono con los mismos actores: el Banco Mundial, Swiss Re y Goldman Sachs, contratados sin licitaciones.

En esta ocasión, el gobierno contrató a Appleby, despacho especializado en servicios offshore ubicado en el paraíso fiscal de Bermudas, para administrar su sociedad de papel en las Islas Caimán, ahora llamada MultiCat Mexico Limited, de acuerdo con documentos obtenidos en la investigación global Paradise Papers.

Por estas fechas, la carrera de un personaje central dio un giro: en enero de 2013 Rubem Hofliger Topete, quien fue director del Fonden entre 2006 y 2012, entró como asesor al Banco Mundial.

Apenas tres meses más tarde se incorporó a la reaseguradora Swiss Re, a la que el gobierno mexicano había otorgado tres contratos millonarios para gestionar el bono catastrófico del Fonden, dos de ellos sin licitación, según documentó la organización protransparencia PODER.

Actualmente, Hofliger dirige las cuentas de los clientes de Swiss Re en América Latina y la empresa se negó a otorgar una entrevista con él.

Apenas faltaban dos meses para concluir el gobierno de Felipe Calderón cuando Meade lanzó el bono, por lo que esos contratos se extendieron hasta la administración de Peña Nieto, cuyo primer titular en Hacienda fue Luis Videgaray.

En 2016 la SHCP de Videgaray ignoró la recomendación del Centro Nacional de Prevención de Desastres de abandonar el sistema de bonos catastróficos basados en parámetros meteorológicos y preparó un cuarto instrumento financiero, similar a los anteriores.

Pero ese año trajo tiempos difíciles para el político: el precio del petróleo tocó récords mínimos y la campaña del entonces candidato Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, con su retórica antimexicana, pegó a la imagen del gobierno de Peña Nieto. Para evitar las críticas, Videgaray decidió frenar la emisión, de acuerdo con Pérez Maldonado.

México pasó prácticamente dos años sin ese tipo de cobertura hasta que Meade regresó a Hacienda en 2017. El 4 de agosto de ese año, el ahora candidato a la Presidencia lanzó un cuarto bono catastrófico para el periodo 2017-2020, por el cual se pagaron 67.8 millones de dólares en primas.

Apro, 12 Abril 2018

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